La Cámara de Representantes no concurrió este lunes con las enmiendas del Senado al Proyecto de la Cámara 1209 y solicitó un comité de conferencia, luego de que el Senado aprobara la medida, 28 votos a favor y ninguno en contra, con enmiendas que eliminaron la obligación de grabar las sesiones de las Legislaturas Municipales cuando no pudieran transmitirse en vivo.
El P. de la C. 1209, del representante Luis Pérez Ortiz, de Bayamón, presentado junto al representante Franqui Atiles y suscrito por el representante Carlo Acosta, enmienda los artículos 1.037 y 1.045 de la Ley 107-2020, conocida como «Código Municipal de Puerto Rico», para establecer que las sesiones ordinarias y extraordinarias y las vistas públicas de las Legislaturas Municipales sean transmitidas digitalmente a través del internet, con audio e imagen simultánea, y para disponer requisitos de notificación al público.
Lo que aprobó la Cámara

La Cámara de Representantes aprobó la medida el 4 de junio de 2026 con un texto que condicionó la transmisión a las «realidades fiscales y de recursos de cada municipio» y permitió utilizar redes sociales o plataformas digitales. Ese texto mantuvo una obligación: si la transmisión en vivo no podía realizarse por falta de servicio eléctrico o de comunicaciones, la Legislatura Municipal debía acreditar las gestiones realizadas, hacerlo constar en el acta y grabar los procedimientos de forma audiovisual, o al menos en audio, para hacer la grabación disponible al público en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de concluida la sesión o vista pública. Las sesiones celebradas fuera de la sede oficial solo se exceptuaban cuando la transmisión resultara en una carga onerosa para el municipio.
Las enmiendas del Senado
La Comisión de Asuntos Municipales del Senado, presidida por el senador José A. Santiago Rivera, emitió en octubre de 2026 un informe positivo que recomendó la aprobación de la medida con enmiendas. Según el entirillado electrónico, las enmiendas eliminaron el párrafo que sujetaba la transmisión a las realidades fiscales y eliminaron la obligación de grabar los procedimientos cuando la transmisión en vivo no fuera posible.
En su lugar, el texto enmendado dispone que «la obligación de transmitir dichos procedimientos estará sujeta a que la propia Legislatura Municipal cuente con los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles para ello, de conformidad con su presupuesto aprobado y sin menoscabar la prestación de servicios esenciales», y que «la determinación sobre la disponibilidad de recursos corresponderá a la Legislatura Municipal, en el ejercicio de su autonomía administrativa y fiscal».
El texto dispone además que ninguna Legislatura Municipal estará obligada a adquirir equipos, contratar servicios, crear puestos, desplazar personal o incurrir en gastos no presupuestados, y que una Legislatura Municipal que no cuente con recursos suficientes «no estará obligada a realizar las transmisiones mientras persista esa condición». La grabación de los procedimientos quedó condicionada a que «los recursos existentes lo permitan». La transmisión de las reuniones de comisión distintas a una vista pública quedó a discreción de la presidencia de la Legislatura Municipal.
Las enmiendas establecieron como causas justificadas para no iniciar o interrumpir una transmisión la falta de servicio eléctrico o de comunicaciones, las averías técnicas, la fuerza mayor y el caso fortuito, y dispusieron que la falta o interrupción de la transmisión no afectará la validez de los procedimientos, deliberaciones, acuerdos o votaciones celebrados. La Sección 4 del proyecto enmendado establece que la ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación, que las Legislaturas Municipales que al vencer ese término no cuenten con recursos suficientes no estarán obligadas a transmitir mientras persista esa condición, y que la ley «no autoriza ni exige fondos no presupuestados ni crea una obligación a cargo del Fondo General».
El nuevo inciso (t) del Artículo 1.045 obliga al Secretario de la Legislatura Municipal a notificar al público, con al menos veinticuatro (24) horas de antelación, la fecha, hora y lugar de toda sesión o vista pública y el enlace cibernético para acceder a la transmisión. La notificación no incluye la agenda de la sesión.
Las ponencias
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, a través de su director ejecutivo, Angel M. Morales, expresó reservas por la autonomía municipal y los costos, y recomendó que «la transparencia gubernamental puede promoverse mediante mecanismos flexibles que permitan a cada municipio adoptar las herramientas tecnológicas que resulten compatibles con sus recursos disponibles, infraestructura tecnológica y capacidad operacional». A juicio de Morales Vázquez, «Dichas obligaciones podrían impactar adversamente las finanzas de los pequeños y medianos municipios, compitiendo así con la prestacion de otros servicios esenciales y necesarios a la ciudadanía».
Por su parte, La Federación de Legisladores Municipales de Puerto Rico respaldó la medida sujeta a enmiendas y propuso que su implementación fuera de carácter optativo, a determinarse por cada Legislatura Municipal mediante su reglamento interno y conforme a sus recursos disponibles.
Mientras tanto, La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico favoreció la aprobación del proyecto y expresó que «la transmisión por internet de las sesiones legislativas municipales constituye una herramienta esencial para fortalecer la confianza ciudadana, fomentar la fiscalización activa del pueblo y afirmar los principios democráticos consagrados en nuestra Constitución». La Asociación señaló que la Oficina de Servicios Legislativos proveería la estructura digital para la publicación de las medidas sin costo para los municipios; según el informe de la comisión senatorial, esa disposición fue eliminada por la Cámara de Representantes.
Otro deponente a favor lo fue el legislador municipal independiente de Guánica, Víctor E. McDougall Rivera, y expresó que las secretarías de las Legislaturas Municipales no tienen una obligación legal expresa de notificar al público las convocatorias y agendas de las sesiones. Indicó que la asistencia promedio a las sesiones de la Legislatura Municipal de Guánica fluctúa entre cero (0) y una (1) persona por reunión, que sus proyectos de ordenanza para establecer una página web oficial de divulgación no han contado con el respaldo de la mayoría parlamentaria, y que el costo de la transmisión no es sustancial porque «se apoya de plataformas digitales de uso común, gratuitas y actualmente disponibles en la mayoría de los municipios».
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en su Informe 2026-581, certificó que la medida no tiene costo fiscal sobre el Fondo General y que cualquier impacto sobre los presupuestos municipales no sería sustancial. La OPAL indicó que cada municipio puede transmitir las sesiones a través de su página web o por plataformas de redes sociales, y mencionó a San Juan y Bayamón entre los municipios que ya cuentan con portales web donde publican resoluciones y calendarios de sesiones.
El trámite
El Senado aprobó el proyecto con las enmiendas en votación final el 12 de noviembre de 2026, con 28 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y ningún ausente.
El 16 de noviembre de 2026, la Cámara de Representantes no concurrió con las enmiendas del Senado y se solicitó la constitución de un comité de conferencia, que deberá acordar un texto final para la consideración de ambos cuerpos legislativos antes de que la medida pase a la firma de la Gobernadora.























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