El senador del distrito de Bayamón Carmelo Ríos Santiago sometió el Proyecto del Senado 1613, que propone suspender provisionalmente la licencia de conducir a personas imputadas por abandonar la escena de un accidente que haya ocasionado lesiones corporales o la muerte de una persona.
La medida propone añadir el Artículo 4.02-A a la Ley 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, para permitir que el Ministerio Público solicite al Tribunal de Primera Instancia la suspensión de la licencia, permiso o privilegio de conducir cuando se haya determinado causa probable para arresto por infracciones contempladas en los incisos (b) o (c) del Artículo 4.02. Sin embargo, la determinación de causa probable o la gravedad de las consecuencias del accidente no serían suficientes, por sí solas, para justificar la suspensión. El Ministerio Público tendría que demostrar, mediante prueba clara y convincente, que la persona representa un riesgo concreto y significativo para la seguridad vial y que este no puede atenderse mediante medidas menos restrictivas.
De concederse, la suspensión tendría una duración inicial máxima de 120 días. El Ministerio Público podría solicitar renovaciones por periodos adicionales de hasta 120 días, pero cada una requeriría una nueva evaluación judicial y una vista previa. La suspensión vencería si no se emite una orden válida de renovación.
El proyecto también dispone que la medida provisional terminaría, entre otras circunstancias, si se archiva definitivamente el proceso penal, recae una sentencia absolutoria o comienza a ejecutarse una revocación de la licencia que la sustituya conforme a derecho.En caso de una convicción por violación al Artículo 4.02, el tribunal tendría que remitir al DTOP una certificación de la determinación judicial dentro de los cinco días laborables siguientes al registro de la convicción, para facilitar la ejecución de la revocación correspondiente.
La exposición de motivos señala que la propuesta busca establecer un mecanismo preventivo durante la tramitación de determinados procesos penales, sin alterar las penalidades que dispone actualmente la Ley 22-2000. Entre ellas figuran la revocación de la licencia por un año en determinados casos, por un término de dos a cinco años en otras circunstancias y permanentemente cuando el accidente ocasiona la muerte de una persona.
De aprobarse, la ley entraría en vigor 90 días después de su aprobación. Las disposiciones necesarias para establecer los mecanismos de coordinación interagencial entrarían en vigor inmediatamente después de su aprobación.
La medida se encuentra en la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del senado.
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