La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) presentó un recurso de Amicus Curiae ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para exponer su posición sobre la controversia relacionada con la validez de la carta de extensión del contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución otorgado a LUMA Energy.
La organización sostiene que el asunto tiene implicaciones para la actividad económica y la estabilidad del sistema eléctrico, particularmente para sectores industriales que dependen de la continuidad del servicio.
La principal oficial ejecutiva de la AIPR, Lcda. Karen Mojica Franceschi, aclaró que la comparecencia no constituye una demanda ni convierte a la Asociación en parte del litigio.
“Es importante precisar que esta gestión no constituye una demanda contra ninguna de las partes ni convierte a la Asociación en un litigante del proceso. La figura de Amicus Curiae, o ‘Amigos de la Corte’, es un mecanismo del ordenamiento legal mediante el cual una institución ajena al pleito judicial presenta un análisis experto y un contexto especializado ante el Tribunal en asuntos de alto interés público y económico”, explicó en declaraciones escritas.
Según la Asociación, el sector manufacturero aporta el 45 % del Producto Interno Bruto de Puerto Rico y depende del servicio eléctrico para la continuidad de operaciones en industrias como la biotecnología, la farmacéutica y la manufactura de dispositivos médicos.
Posición de la Asociación
En el escrito presentado ante el Supremo, la AIPR sostiene que la controversia no está relacionada con el desempeño del operador ni con el cumplimiento de métricas de servicio, sino con la validez de la extensión contractual.
La organización argumenta que el Gobierno suscribió la extensión y que LUMA realizó inversiones de capital basándose en el acuerdo. A partir de esa posición, plantea que cuestionar posteriormente la validez de la extensión podría afectar la seguridad jurídica y la confianza en los contratos gubernamentales.
“El propósito fundamental de la comparecencia es defender la seguridad jurídica y el respeto a la contratación gubernamental al amparo de las Leyes 29-2009 y 120-2018”, afirmó Mojica Franceschi.
La AIPR también sostiene que una eventual invalidación del acuerdo podría tener consecuencias sobre futuros proyectos de infraestructura bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP).
“Una decisión adversa erosionaría la credibilidad internacional de la Isla al enviar el mensaje de que los compromisos gubernamentales pueden alterarse retroactivamente. Esto amenazaría proyectos futuros de infraestructura bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) en áreas clave como carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua, vivienda, telecomunicaciones y energía, además de arriesgar las cadenas de suministro industriales por una transición abrupta en la red”, sostuvo la ejecutiva.
La Asociación indicó que su posición sobre la controversia parte de la necesidad de mantener estabilidad institucional, certeza contractual y continuidad operacional para las empresas que operan en Puerto Rico, independientemente de quién tenga a su cargo la operación del sistema eléctrico.
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