La senadora por el distrito de Bayamón, Migdalia Padilla, radicó una resolución para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado investigar la implantación y el cumplimiento de la Ley Núm. 86-2025, que enmendó la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico en relación con la permanencia de los directores escolares.
La resolución 0612 busca determinar cuántos directores escolares del sistema público tienen permanencia en sus puestos y cuántos aún no la han obtenido. También pretende identificar cuáles han ocupado la posición de manera ininterrumpida durante dos años y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
La investigación incluiría el examen de los procesos de evaluación y de las solicitudes de permanencia, las razones para posibles dilaciones o denegaciones y los criterios y procedimientos utilizados por el Departamento de Educación para concederla.
La Ley Núm. 86-2025, aprobada el 1 de agosto de 2025, enmendó el inciso (b) del Artículo 4.01 de la Ley Núm. 85-2018. La legislación establece que un aspirante a director escolar que ocupe la posición ininterrumpidamente por un término no mayor de dos años puede obtener la permanencia, siempre que cumpla con los criterios establecidos y que la posición se encuentre vacante o desocupada.
La ley también dispone un periodo probatorio adicional de dos años para quienes no cumplan inicialmente con los requisitos, con el propósito de que puedan mejorar su desempeño y ser evaluados nuevamente.
Según la exposición de motivos de la resolución, a poco más de un año de la aprobación de la ley, el Senado busca conocer las acciones realizadas por el Departamento de Educación para implantar sus disposiciones y el estado de las solicitudes de permanencia.
Para ello, la Comisión podrá solicitar información, documentos, estadísticas y datos sobre los directores escolares, incluyendo el número de directores en funciones por región educativa y escuela, aquellos que tienen o no permanencia, quienes han ocupado el puesto durante dos años, las solicitudes presentadas y su resultado, las razones de posibles dilaciones o denegaciones, los casos en periodo probatorio adicional y las normas y procedimientos utilizados por el Departamento para aplicar la ley.
La Comisión deberá rendir un informe al Senado con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de la resolución.
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