La senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, presentó una medida que busca establecer y hacer cumplir un protocolo conjunto entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para intervenir e investigar delitos cometidos dentro de instituciones correccionales.
La Resolución Conjunta del Senado 206 ordena a ambas agencias elaborar, adoptar e implementar el protocolo dispuesto en el Artículo 59 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011.
El artículo establece que los oficiales de custodia pueden realizar investigaciones criminales dentro de las instituciones correccionales y centros de detención sobre delitos contemplados en el Código Penal y las leyes relacionadas con sustancias controladas, armas, explosivos y crimen organizado. También dispone que el Negociado de la Policía y el secretario del DCR deben establecer conjuntamente un protocolo para determinar los acuerdos de intervención e investigación.
“Han transcurrido 15 años desde que se estableció este mandato. Cuando hablamos de delitos dentro de nuestras cárceles podemos estar hablando de sustancias controladas, armas, explosivos y hasta crimen organizado. Ante situaciones de esta naturaleza no puede existir espacio para dudas sobre quién investiga, quién interviene, cuál agencia tiene determinada responsabilidad o cómo se comparte la información. Lo que estamos exigiendo es claridad, coordinación y cumplimiento con la ley”, expresó Pérez Soto.
La exposición de motivos de la medida señala que existe una “ausencia de uniformidad, claridad o evidencia pública sobre la implementación” del protocolo establecido en el ordenamiento vigente.
La resolución plantea que el protocolo debe definir los mecanismos de coordinación entre el DCR y la Policía, la jurisdicción y responsabilidad de cada agencia, los procedimientos de intervención ante incidentes ocurridos en instituciones correccionales, los procesos de investigación criminal y los mecanismos para compartir y manejar información.
“Aquí hay una pregunta sencilla que las agencias tienen que poder contestarle al país: ¿cuál es el protocolo vigente para investigar un crimen dentro de una cárcel y cómo se está implementando? Si existe y está funcionando, queremos conocerlo. Si requiere actualizarse, que se actualice. Y si el mandato establecido desde 2011 no se ha cumplido cabalmente, entonces corresponde cumplirlo. Estamos hablando de seguridad pública y no podemos permitir zonas grises en las responsabilidades de las agencias”, sostuvo la senadora.
Pérez Soto señaló que la resolución no propone crear nuevas funciones para las agencias, sino exigir el cumplimiento de una disposición legal existente.
Según la medida, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) determinó, al evaluar una legislación anterior dirigida al mismo mandato, que la obligación no representa un impacto fiscal adicional debido a que se trata del cumplimiento de disposiciones existentes y no de la creación de nuevos programas o asignaciones presupuestarias.
“No estamos solicitando crear otra estructura gubernamental ni gastar millones de dólares. Estamos requiriendo que dos componentes fundamentales de nuestro sistema de seguridad pública tengan claramente establecido cómo van a trabajar juntos cuando ocurre un delito detrás de los muros de una institución correccional”, añadió Pérez Soto.
De ser aprobada, la resolución otorgaría al Negociado de la Policía y al DCR un máximo de 90 días para presentar ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre el cumplimiento de la medida y una copia del protocolo adoptado.
Las agencias también tendrían que aprobar los reglamentos, órdenes administrativas o directrices que sean necesarios para implementar el protocolo.
La senadora sostuvo que la iniciativa busca evitar duplicidad de funciones o vacíos durante investigaciones criminales y establecer responsabilidades entre las agencias cuando ocurran delitos dentro de las instituciones correccionales.
“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde la coordinación investigativa sea menos rigurosa por el simple hecho de que el delito ocurrió detrás de sus paredes. Todo lo contrario. Allí también tiene que quedar absolutamente claro quién interviene, quién investiga y quién responde. Quince años son suficientes para que ese mandato tenga una respuesta clara y verificable”, concluyó Pérez Soto.
Deja una respuesta