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Proyecto busca ampliar las facultades del Contralor para auditar a entidades privadas que reciben fondos públicos

Un proyecto de ley presentado por el representante de Bayamón Morey Noble propone ampliar las facultades de la Oficina del Contralor de Puerto Rico para fiscalizar el uso de fondos públicos recibidos por personas y entidades privadas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y empresas.

El Proyecto de la Cámara 1526, presentado el 15 de octubre de 2026 y referido a la Comisión de Gobierno, crearía la “Ley de Fiscalización del Uso de Fondos Públicos por Personas Privadas”. La medida establece que la Oficina del Contralor podrá auditar a personas naturales o jurídicas que reciban más de $500,000 en fondos públicos durante un año fiscal, independientemente de que operen con o sin fines de lucro.

Para determinar si se alcanza ese umbral, se sumarían los desembolsos recibidos de todas las entidades gubernamentales. También se agregarían los fondos recibidos por personas vinculadas, así como los pagos divididos entre distintas entidades o personas cuando respondan a una misma relación, propósito o beneficiario final. El proyecto dispone que quienes superen el límite permanecerán bajo la clasificación de persona cubierta durante el año fiscal en que alcanzaron el umbral y los tres años fiscales siguientes.

Ángel Morey Noble, representante, habla sentado ante un micrófono en una mesa oficial.
Angel Morey Noble fue el autor de la medida

La propuesta contempla excepciones para el cómputo de los $500,000. Entre ellas figuran los fondos federales administrados o canalizados por el Gobierno, los incentivos contributivos, sueldos, beneficios, pensiones, reintegros, pagos de sentencias, servicio de deuda pública, compensaciones por expropiación y ayudas individuales de programas de asistencia.

Obligaciones de las entidades privadas

Las personas y organizaciones cubiertas tendrían que mantener una contabilidad que permita identificar los fondos públicos recibidos, su utilización y cualquier balance disponible. También estarían obligadas a conservar los documentos relacionados durante seis años desde el cierre del año fiscal correspondiente, o hasta que concluya una intervención iniciada dentro de ese periodo.

Además, tendrían que presentar un informe anual certificado bajo juramento dentro de los 120 días siguientes al cierre del año fiscal en que superaron el umbral. El documento incluiría las cantidades recibidas, las entidades que desembolsaron los fondos y la información sobre su utilización.

En el caso de donativos, subvenciones y asignaciones, el informe tendría que detallar los usos y saldos, además de certificar que los recursos se utilizaron conforme al propósito establecido. Para contratos, incluiría las cantidades facturadas y cobradas, junto con una certificación de que los bienes o servicios fueron entregados según lo acordado.

El proyecto también requeriría que los instrumentos mediante los cuales el Gobierno entregue fondos públicos a entidades privadas incluyan una cláusula que reconozca la autoridad fiscalizadora del Contralor y las obligaciones de conservación de documentos y acceso a los récords.

Garantías y consecuencias por incumplimiento

La medida establece que los requerimientos de información deberán realizarse por escrito, identificar su fundamento legal y describir los documentos solicitados y el periodo correspondiente. Las personas requeridas tendrían al menos 20 días laborables para responder y podrían presentar objeciones por razones como privilegio legal, confidencialidad, imposibilidad de cumplimiento o falta de pertinencia del requerimiento.

La propuesta también dispone que el acceso al domicilio de una persona natural requerirá su consentimiento o una orden judicial. Además, establece protecciones para información confidencial de pacientes, estudiantes y beneficiarios de servicios sociales, así como para secretos comerciales.

En cuanto a las consecuencias por incumplimiento, el proyecto permitiría retener desembolsos pendientes y declarar inelegible a una persona o entidad para recibir nuevos fondos de la entidad otorgante hasta que corrija la situación, reembolse los recursos o presente un plan correctivo aceptado.

También contempla multas administrativas de hasta $5,000 por cada requerimiento escrito incumplido sin justa causa, una vez resuelta cualquier objeción. El procedimiento incluiría notificación y oportunidad para solicitar una vista administrativa.

Por otra parte, el Secretario de Justicia podría presentar acciones civiles para recuperar fondos utilizados en contravención de su propósito o pagos por bienes y servicios que no se entregaron conforme al contrato.

Cambios a las leyes vigentes

El P. de la C. 1526 propone enmendar la Ley Núm. 9 de 1952, que regula la Oficina del Contralor, para incorporar expresamente la fiscalización de fondos públicos recibidos por personas privadas. También ampliaría el deber de suministrar documentos y permitir acceso a archivos y sistemas relacionados con esos recursos.

Asimismo, enmendaría la Ley Núm. 237 de 2004, sobre contratación de servicios profesionales y consultivos por entidades gubernamentales, para añadir una cláusula obligatoria sobre la fiscalización del Contralor en los contratos correspondientes.

La propuesta dispone que la Oficina del Contralor tendría 180 días para adoptar la reglamentación necesaria para implementar sus disposiciones.

El proyecto establece que la legislación entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación. Sin embargo, al tratarse de una medida presentada y referida a comisión, sus disposiciones todavía no constituyen ley.

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