El Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) alcanzaron un acuerdo para establecer un plan operacional conjunto dirigido a estabilizar y restablecer el servicio de agua potable en la capital, según una Estipulación Transaccional presentada el 8 de junio de 2026 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

El acuerdo fue suscrito por el Municipio Autónomo de San Juan, representado por el alcalde Miguel A. Romero Lugo, y la AAA, representada por su presidente ejecutivo, Luis González Delgado, como parte de la resolución de un recurso de mandamus e injunction radicado por el municipio el 29 de mayo de 2026. La acción judicial surgió tras interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable y problemas de baja presión que afectaron a residentes de la ciudad. Como parte del acuerdo, ambas partes dispusieron la creación inmediata del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, organismo que tendrá autonomía funcional para tomar decisiones operacionales y técnicas relacionadas con el sistema de distribución. La reunión inicial del comité fue programada para el 9 de junio de 2026. El organismo contará con representación técnica de ambas entidades, incluyendo al ingeniero Roberto W. Martínez Toledo por parte del municipio y al ingeniero Esteban Fuentes Vázquez, de Ehydraulics, LLC, por parte de la AAA.

Entre las responsabilidades asignadas al comité figura la evaluación del sistema, la realización de ajustes operacionales y el diseño de medidas correctivas dirigidas a restablecer la continuidad del servicio. La estipulación también obliga a la AAA a proporcionar acceso a sistemas digitales utilizados para la operación y monitoreo de la infraestructura. Entre estos se encuentran las plataformas GIS, SCADA y AAA Metro. Además, la corporación pública deberá entregar informes diarios sobre la producción de las ocho plantas de filtración que sirven a San Juan, historiales de bombeo de aguas crudas desde el embalse Carraízo y registros operacionales relacionados con el manejo de válvulas desde junio de 2025. El acuerdo establece plazos específicos para la entrega de la información solicitada y dispone que cualquier incumplimiento o entrega incompleta constituirá una violación de la estipulación. A partir del 10 de junio, el comité iniciará inspecciones físicas de 13 válvulas identificadas como críticas para la operación del sistema, incluyendo las denominadas Plan B, Carmona, Maxibody y ROTC 1 y 2. Asimismo, se realizarán visitas a instalaciones relacionadas con el sistema de distribución y producción de agua, entre ellas la planta Enrique Ortega, el embalse La Plata, la planta Sergio Cuevas, la represa Carraízo, la planta de filtración Los Filtros, la toma Santa Rosa y el Superacueducto Antonio Santiago Vázquez.

La estipulación también atiende una reclamación presentada por el Municipio de San Juan para el reembolso de $621,219.42 en gastos incurridos durante la emergencia, incluyendo la distribución de agua potable mediante camiones cisterna. Para atender ese reclamo, los directores de Finanzas de ambas entidades deberán reunirse en un plazo no mayor de diez días laborables con el fin de evaluar la evidencia presentada y determinar las partidas que procederían para reembolso. Cualquier controversia sobre esos gastos será sometida a la consideración del tribunal. Mientras se implementan las medidas de estabilización, la AAA continuará suministrando agua potable mediante camiones cisterna a las comunidades afectadas cada 48 horas, independientemente de la cantidad de viajes requeridos.

El acuerdo establece además que las obligaciones asumidas son de carácter institucional y permanecerán vigentes independientemente de cambios futuros en la administración o la Junta de Gobierno de la AAA. La estipulación entró en vigor con su presentación ante el tribunal y permanecerá vigente hasta 60 días después de que el comité determine que el servicio de agua en San Juan ha sido estabilizado.

El Tribunal de Primera Instancia conservará jurisdicción sobre el caso para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. La estipulación dispone que cualquier incumplimiento podrá ser considerado desacato a una orden judicial y establece un periodo máximo de cinco horas para corregir cualquier falta notificada formalmente por una de las partes.

Reacciona el alcalde de San Juan

En declaraciones escritas, el alcalde de la ciudad capital Miguel Romero, declaró que el objetivo del municipio siempre fue poder formar parte del proceso de acueductos.

«Durante meses denunciamos la falta de información, la ausencia de explicaciones claras y la incapacidad de identificar con precisión las causas de las interrupciones que han afectado a miles de familias en la ciudad capital. Mientras nuestros residentes enfrentaban una crisis que impactaba su calidad de vida, el Municipio asumió la responsabilidad de llevar apoyo directo a las comunidades, distribuir agua, activar oasis y atender la emergencia. Sin embargo, para resolver el problema hacía falta algo más: acceso a la información, acceso a los sistemas y la participación de profesionales con la experiencia necesaria para ayudar a atender esta crisis.» – dijo el alcalde a través de un comunicado. «Nuestro objetivo siempre fue poder entrar al proceso, conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo dentro del sistema y contar con profesionales de vasta experiencia que pudieran aportar a la identificación de medidas correctivas. Los sanjuaneros merecen respuestas, merecen transparencia y merecen saber exactamente qué está ocurriendo con un servicio tan esencial como el agua potable. Esa fue la razón por la cual radicamos esta acción legal.»