El Frente en Defensa de las Pensiones hizo un llamado a las agencias fiscales del gobierno a expresar su posición sobre el Proyecto de la Cámara 45 (PC 45), durante la segunda etapa de vistas públicas de la medida que busca proteger el poder adquisitivo de los pensionados del sector público.

La Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, citó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para continuar la evaluación del proyecto.

Según el Frente, que agrupa organizaciones de pensionados del Gobierno Central, la Judicatura y el Magisterio, la participación de estas agencias es necesaria para el análisis técnico de la medida.

“El país necesita escuchar la posición de las agencias fiscales sobre una medida que impacta directamente la vida de más de 160 mil jubilados que incluyen de gobierno central, judicatura y magisterio”, expresó Susan Rivera Miranda, portavoz del Capítulo de Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE).

La medida propone un ajuste inicial de entre 7 % y 10 % en las pensiones, seguido de aumentos automáticos anuales vinculados a la inflación, utilizando como referencia el mecanismo federal de ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social.

De acuerdo con datos citados por las organizaciones, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de las pensiones ronda el 40% en las últimas dos décadas, debido al aumento sostenido en el costo de vida.

“El proyecto establece un mecanismo justo y probado para evitar que las pensiones continúen perdiendo valor año tras año”, indicó Joaquín Pérez Cruz, portavoz de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico.

El Frente señaló además que el proyecto contempla fuentes de financiamiento mediante recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que ingresan al Fondo General.

“Los propios aumentos en el costo de vida han generado mayores recaudos para el gobierno. Es razonable que parte de esos recursos se utilicen para compensar la pérdida que han sufrido los pensionados como consumidores”, añadió Nilda Laureano Rodríguez, portavoz de la Asociación de Profesionales Jubilados.

Las organizaciones sostuvieron que la aprobación del PC 45 tendría un impacto en la estabilidad económica de los jubilados y en la economía del país.