La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, firmó el Proyecto del Senado 1086, ahora convertido en la Ley 157-2026, que enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico para transferir al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción primaria exclusiva sobre las controversias relacionadas con inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
La exposición de motivos de la legislación establece que el alto volumen de querellas presentadas ante DACO y la naturaleza de las controversias dificultaban cumplir con los términos establecidos por ley, por lo que la Asamblea Legislativa determinó ampliar la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para atender estos casos.
La nueva legislación sustituye el modelo vigente desde 2020, bajo el cual el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) atendía las impugnaciones relacionadas con la administración de condominios residenciales.
Con la aprobación de la medida, las controversias presentadas por titulares de apartamentos en condominios residenciales, comerciales o mixtos deberán radicarse ante una Sala Especializada de Adjudicación de Controversias de Condominios del Tribunal de Primera Instancia correspondiente a la región judicial donde ubique el inmueble.
La ley dispone que el Poder Judicial establecerá una sala especializada en cada región judicial para atender los casos relacionados con la Ley de Condominios de Puerto Rico y autoriza la adopción o modificación de reglamentos necesarios para la adjudicación de estos asuntos.
Como parte de las enmiendas, el Secretario de Justicia deberá crear y mantener un registro digital de todos los condominios sometidos al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, el cual incluirá información como el año de construcción, el número de unidades y los datos de la escritura de constitución del régimen.
La ley también incorpora una cláusula transitoria para las querellas activas ante DACO. Estos casos continuarán su trámite en la agencia, salvo que alguna de las partes solicite su transferencia al Tribunal de Primera Instancia dentro de los 30 días establecidos por la legislación y cumpla con los requisitos procesales correspondientes.
La Ley 157-2026 entrará en vigor 90 días después de su aprobación.
Podría salir más caro
Aunque admite que DACO no podía con la carga de llevar estos casos, la licenciada Yomara Román de The Legal Project opina que a largo esto podría salir más caro para los querellantes.
“Pero lo que veo es que costará a los titulares llevar el caso porque tendrán que pagar abogados y sellos.”
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