El representante del Distrito 6 (Guaynabo, Cataño y Bayamón), Ángel Morey Noble, radicó en la tarde del jueves un proyecto que busca que los consumidores no tengan que pagarle a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) cargos durante el tiempo de interrupción de servicios.
En específico, la medida ordena que, durante un período de dos años a partir de su aprobación, la tarifa base, los cargos fijos, cargos mínimos o cualquier otro cargo relacionado al servicio de agua potable sean ajustados proporcionalmente cuando ocurra una interrupción del servicio de veinticuatro horas consecutivas o más por causas atribuibles a la A.A.A. Esto permitirá que los abonados reciban un descuento correspondiente al tiempo que estuvieron sin servicio durante el período de facturación.
La A.A.A. será a su vez, responsable de realizar automáticamente los créditos correspondientes en la factura del abonado afectado, eliminar cualquier cargo fijo, tarifa base o cargo mínimo correspondiente al período durante el cual no se prestó el servicio, abstenerse de facturar consumos estimados correspondientes al período de interrupción del servicio; y reembolsar o acreditar en facturas futuras cualquier cantidad cobrada en contravención a esta Resolución Conjunta.
La propuesta también indica que la Autoridad adoptará, dentro de un término no mayor de quince días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, las normas administrativas necesarias para su implementación, incluyendo mecanismos de verificación, acreditación y reclamación por parte de los abonados. Ello podrá efectuarse mediante reglamento, carta circular , memorando o cualquier medio escrito oficial, del cual se seleccionará la modalidad que pueda efectuarse de la manera más rápida y eficiente posible.
“Los ciudadanos no pueden seguir cargando con el costo de las deficiencias operacionales de un sistema. Por ello, tenemos la responsabilidad de ponernos de lado del pueblo y exigir rendición de cuentas por cobros de agua que nunca llegó”, finalizó Morey Noble.
De ser aprobada, la Resolución Conjunta de la Cámara 369 tendría efecto retroactivo al 1 de mayo de 2026.
Las disposiciones de esta resolución conjunta tendrán una vigencia de dos años a partir de su aprobación .
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