La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 911, de la autoría del representante José “Pichi” Torres Zamora, que establece disposiciones para regular la práctica del “voceteo” y atender los problemas sociales y ambientales asociados con el uso de sistemas de sonido vehiculares.
La Ley 233-2026 incorpora cambios a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para regular los sistemas de sonido vehiculares alterados, modificados o diseñados para proyectar sonido hacia el exterior. También contempla las demostraciones, concursos y competencias no autorizadas relacionadas con esta práctica.
Torres Zamora explicó que la legislación no busca criminalizar las manifestaciones culturales ni limitar la música como expresión artística, sino establecer parámetros sobre el tiempo, lugar y manera en que puede realizarse esta actividad.

La ley establece una prohibición uniforme del voceteo entre las 10:01 p.m. y las 6:59 a.m. en todo Puerto Rico, excepto en actividades expresamente autorizadas.
Además, dispone protección durante las 24 horas del día para determinadas áreas, entre ellas escuelas, universidades, centros de cuido de niños y adultos mayores, hospitales e instalaciones de salud, hoteles, hospederías, paradores y templos religiosos.
En cuanto a las sanciones, establece una multa fija de $1,000 por violaciones a la prohibición durante el horario nocturno. Cuando la infracción ocurra en las áreas protegidas durante las 24 horas del día, la multa será de $1,500.
Durante el horario diurno, comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m., los municipios tendrán autoridad para regular el voceteo mediante ordenanzas municipales o sus respectivos Códigos de Orden Público. También podrán establecer medidas más restrictivas, siempre que sean compatibles con las disposiciones de la ley.
La Policía de Puerto Rico y las policías municipales podrán imponer las sanciones administrativas, conforme a los procedimientos que garanticen el debido proceso de ley.
La legislación dispone que el 30 % del dinero recaudado mediante las multas se destinará a los municipios para apoyar las labores de fiscalización, la adquisición de equipos y los programas de prevención. El 70 % restante ingresará a la Policía de Puerto Rico.
Entre las actividades exentas de estas disposiciones figuran los anuncios gubernamentales, las actividades religiosas, electorales o políticas, las actividades de interés público autorizadas y las manifestaciones coordinadas debidamente con la Policía, además de otras actividades que cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Por último, la Ley 233-2026 dispone que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, deberá aprobar la reglamentación necesaria para implementar y fiscalizar sus disposiciones en un término no mayor de 90 días a partir de su aprobación.






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