El Centro CRECE indica que la isla enfrenta la nueva alza en los precios del petróleo sin los factores que amortiguaron el impacto hace cuatro años
La organización publicó hoy, 1 de julio de 2026, un informe que concluye que el choque petrolero de 2026, originado por la guerra en Irán, representa una amenaza más seria para la economía de Puerto Rico que el choque de 2022, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. La investigación, realizada por Gabriel Capella, asociado de investigación del Centro CRECE, atribuye esa mayor vulnerabilidad a las condiciones económicas actuales de la isla, distintas a las que existían durante el choque anterior. El informe se titula «The 2022 and 2026 Oil Shocks: Implications and Policy Options for Puerto Rico»
«Aunque el choque petrolero de 2026 es mayor que el de 2022 en términos del alza porcentual en el precio del petróleo, su verdadero peligro radica en las circunstancias actuales. Hace cuatro años hubo factores que ayudaron a absorber el golpe y el Índice de Actividad Económica se mantuvo estable. Hoy, ninguno de esos factores favorables está presente y cuando llegó el choque la economía ya estaba estancada», señaló Capella.
Comparación entre ambos choques
Según el informe, el precio del petróleo crudo WTI por barril aumentó 35% en 2022, de $92 a $124. En 2026, el aumento fue de 74%, de $66 a $115.
El estudio precisa que, al 20 de junio de 2026, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el precio del barril de petróleo WTI había bajado de $96 a $76, quedando a menos de $10 por encima del precio previo al choque.
Impacto documentado del choque de 2022
El informe detalla que el choque de 2022 tuvo los siguientes efectos en Puerto Rico:
- El precio de la gasolina al detal aumentó 43%, de un promedio de 79 centavos por litro en 2021 a $1.13 entre febrero y agosto de 2022.
- El costo del aumento para la economía se estimó en $628 millones.
- El Producto Nacional Bruto (PNB) habría dejado de crecer entre 0.6 y 0.8 puntos porcentuales en el año fiscal 2022.
- El índice de precios de transporte registró un aumento interanual de 15.6% en junio de 2022.
- El precio promedio de la electricidad aumentó 59% de julio de 2021 a julio de 2022, y 35% entre enero y julio de 2022.
- La presión causada por los costos eléctricos tardó 18 meses en regresar a niveles previos al choque.
- Los precios de gasolina y electricidad tardaron 10 meses en regresar a niveles pre-choque.
- El Índice de Actividad Económica aumentó 0.6% en 2022, por debajo del 3.5% registrado en 2021.
Factores que agravarían el impacto en 2026
El informe identifica varias condiciones que, según el Centro CRECE, agravarían el efecto del choque actual: - El Índice de Actividad Económica se encuentra estancado.
- El mercado laboral se tornó negativo en 2025, aunque el empleo total no agrícola alcanzó su nivel más alto en 17 años.
- Los aranceles de Estados Unidos habrían tenido un impacto local de hasta $1,000 millones en 2025, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
- El 93% de la capacidad de generación eléctrica depende de combustibles fósiles importados.
El estudio estima que, de sostenerse por un año completo un aumento de $30 por barril, el costo económico alcanzaría $1,000 millones. Bajo ese escenario, el costo acumulado durante dos años neutralizaría los beneficios obtenidos por los esfuerzos de relocalización de manufactura (reshoring).
Medidas propuestas
El informe plantea medidas de alivio inmediato y reformas estructurales. Entre las primeras se incluyen:
- Suspender por 90 días el arbitrio local al petróleo crudo, productos parcialmente elaborados o terminados derivados del petróleo, y mezclas de hidrocarburos —conocido como la «crudita»— bajo las secciones 3020.07 y 3020.07A del Código de Rentas Internas, con un costo fiscal de hasta $60 millones.
- Suspender por 45 días el arbitrio sobre gasolina, gas oil y diesel oil, bajo la sección 3020.06 del Código de Rentas Internas, con un costo fiscal aproximado de $25 millones.
- Suspender por 90 días el impuesto de 7% a alimentos preparados, con un costo fiscal aproximado de $63 millones.
Como reformas de mayor plazo, el informe propone acelerar la diversificación de la generación eléctrica, agilizar el proceso de permisos, y vincular los incentivos de relocalización a la integración con las cadenas de suministro locales. El documento también incluye estrategias dirigidas a empresas para proteger sus márgenes ante el alza en costos de insumos y la posible debilidad en la demanda del consumidor.
El informe puede ser leído aquí
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