Diversas organizaciones y profesionales de la salud mental expresaron su oposición al Proyecto del Senado 1301, medida presentada el 29 de mayo de 2026 por la senadora Pérez Soto que propone enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para permitir que padres, tutores o encargados legales soliciten la grabación en audio y video de ciertas intervenciones terapéuticas.
La medida aplicaría a menores de 12 años, personas menores de 21 años diagnosticadas con condiciones del neurodesarrollo, trastornos emocionales, conductuales o limitaciones del habla que afecten su capacidad de comunicar lo ocurrido durante una sesión, así como a adultos declarados legalmente incapaces por un tribunal debido a condiciones mentales o cognitivas.
El proyecto establece que las grabaciones deberán realizarse de forma íntegra y continua y formar parte del expediente clínico. La disposición no aplicaría cuando el tutor permanezca presente durante la sesión, en situaciones de emergencia psiquiátrica o cuando exista una imposibilidad técnica debidamente documentada.
A preguntas de Noticias de Bayamón, la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) advirtió que la grabación de sesiones podría afectar la disposición de los pacientes a expresarse libremente durante el proceso terapéutico.
“Usualmente, la libre expresión durante la terapia se relaciona directamente con la expectativa de confidencialidad de los pacientes. Al el paciente saber que lo que está diciendo está siendo grabado y podrá ser mostrado a terceros, aumenta significativamente la probabilidad de que el proceso terapéutico no se dé de manera transparente y honesta”, expresó la organización mediante declaraciones escritas.
La APPR sostuvo que el impacto podría ser mayor en casos relacionados con trauma, abuso o conflictos familiares.
“En el caso de los menores, la conciencia de que sus expresiones podrían ser revisadas por figuras parentales o familiares puede limitar considerablemente su disposición a revelar experiencias, emociones o preocupaciones relevantes para su tratamiento”, indicó la entidad.
Sobre el aspecto ético, la organización señaló que la propuesta es incompatible con los principios de confidencialidad que rigen la práctica psicológica.
“El querer imponer un requisito de grabación y compartir de sesiones terapéuticas es incompatible con los principios de confidencialidad que sustentan la práctica psicológica y puede afectar significativamente la relación terapéutica”, sostuvo la APPR.
La entidad también expresó que no respaldaría enmiendas dirigidas a mantener el requisito de grabación.
“Para nosotros no es negociable el quebrantar el derecho a la privacidad y confidencialidad que nos exige nuestro código de ética y nuestra junta examinadora”, añadió.
La APPR concluyó que la medida “no es viable” porque, a su juicio, podría afectar la confianza entre paciente y profesional y limitar la efectividad de los tratamientos.
Por su parte, la psicóloga Fermina L. Román también manifestó públicamente su rechazo a la propuesta legislativa.
“Como psicóloga, he visto de primera mano cómo muchos niños y adolescentes encuentran en la terapia el único espacio donde pueden sentirse seguros para hablar de aquello que jamás se atreven a decir en otro lugar”, expresó mediante una publicación en redes sociales.
Román sostuvo que la grabación obligatoria de las sesiones podría desalentar la divulgación de información sensible.
“Grabar cada sesión en audio y video no protege a los menores. Por el contrario, puede impedir que hablen. Un niño que sabe que está siendo grabado no se expresa de la misma manera”, afirmó.
Asimismo, la Alianza de Consejeros Profesionales de Puerto Rico (ACPPR) presentó una ponencia ante la Comisión de Salud del Senado en la que rechazó la aprobación del proyecto según está redactado.
La organización argumentó que los profesionales de la salud mental ya operan bajo mecanismos regulatorios, éticos y disciplinarios establecidos por ley y expresó preocupación por los efectos que la medida podría tener sobre la relación terapéutica.
“La grabación obligatoria y permanente de sesiones individuales tiene el potencial de alterar significativamente estos procesos, limitando la espontaneidad emocional, reduciendo divulgaciones importantes y afectando el desarrollo de una alianza terapéutica efectiva”, señaló la ACPPR.
La entidad también planteó preocupaciones relacionadas con la privacidad, el manejo de información confidencial y los costos asociados a la implementación de sistemas de grabación y almacenamiento seguro.
“Las exigencias podrían tener como consecuencia la reducción de servicios disponibles, aumento de costos, limitaciones en poblaciones atendidas o disminución en acceso a servicios especializados”, indicó la organización.
La ACPPR solicitó a la Comisión de Salud del Senado que no favorezca la aprobación de la medida y promueva alternativas que, según indicó, protejan a las poblaciones vulnerables sin afectar la confidencialidad ni la efectividad de los servicios de salud mental.
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