La Administración para el Sustento de Menores informó que una nueva fase del programa federal de denegación y revocación de pasaportes por deuda de pensión alimentaria podría impactar inicialmente a 435 alimentantes en Puerto Rico con balances superiores a $100,000.

Según la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, de ese total 68 casos corresponden a menores de 21 años y otros 367 a casos de personas mayores de esa edad.

La funcionaria indicó que algunos de los balances podrían estar relacionados con órdenes emitidas en otras jurisdicciones donde las deudas no prescriben, así como con casos cerrados cuyo proceso administrativo nunca fue solicitado formalmente.

“Hasta la pasada semana, la restricción aplicaba principalmente cuando una persona intentaba solicitar o renovar su pasaporte. Con esta nueva directriz federal, el escenario cambia porque ahora el gobierno federal podrá revocar pasaportes ya emitidos a personas con deudas significativas de pensión alimentaria”, expresó Mateu Meléndez.

La medida surge tras una directriz emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en coordinación con el Department of Health and Human Services y la Office of Child Support Enforcement, bajo disposiciones de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social.

De acuerdo con la normativa federal, el proceso comenzará con personas que acumulen deudas mayores de $100,000, aunque la legislación vigente permite eventualmente aplicar restricciones a balances superiores a $2,500.

“La revocación del pasaporte refuerza herramientas que ya existen para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar que los menores reciban el sustento que les corresponde”, añadió la administradora.

ASUME indicó que las notificaciones serán enviadas directamente por el Departamento de Estado federal mediante correo electrónico o correo postal utilizando la información provista en la solicitud de pasaporte más reciente.

La agencia federal también estableció que una persona cuyo pasaporte haya sido revocado deberá coordinar el pago de la deuda con la jurisdicción correspondiente antes de solicitar nuevamente el documento. El proceso de actualización y eliminación de registros federales podría tardar entre dos y tres semanas, incluso después de saldada la deuda.