La senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, radicó ayer el Proyecto del Senado 1381, que crea la «Ley para la Seguridad en Piscinas de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo», con el propósito de establecer mayores medidas de seguridad.
La medida nació como respuesta a la muerte de un niño de tres años en una piscina ocurrida la semana pasada en Cabo Rojo. . El proyecto establece como requisito para la operación de todo alojamiento suplementario a corto plazo que cuente con piscina la instalación y el mantenimiento de una valla de seguridad que impida el acceso directo al área de la piscina. Además, faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a adoptar la reglamentación necesaria para establecer los requisitos técnicos de estas estructuras y dispone penalidades administrativas de hasta $5,000 por incumplimiento.
El proyecto aplica exclusivamente a alojamientos suplementarios a corto plazo, definidos como casas, apartamentos, cabañas y villas alquiladas por períodos menores de 90 días, y no a residencias de uso exclusivamente personal o familiar.
«Me siento sumamente afectada con lo ocurrido con este niño que dolorosamente perdió su vida y más aún porque conozco a la familia y sé la calidad de personas que son. Si obligamos a todos los dueños de propiedades que ofrecen servicios para que las familias puedan vacacionar a instalar algún tipo de protección en sus atracciones acuáticas durante los horarios en que no se les da uso, podemos evitar muchos accidentes o tragedias que tengamos que lamentar. En los Estados Unidos y en otros países del mundo ya existen facilidades que cuentan con este tipo de protección en sus atracciones acuáticas», expresó la senadora Brenda Pérez Soto.
La legisladora explicó que Puerto Rico ha experimentado un crecimiento acelerado en la industria de alquileres a corto plazo y que ese desarrollo también requiere fortalecer los estándares mínimos de seguridad para proteger a las familias y visitantes.
«No se trata de imponer cargas a las residencias privadas de uso personal o familiar. Se trata de exigir estándares mínimos de seguridad a quienes operan un negocio de hospedaje, para proteger lo más importante: la vida de nuestra gente», sostuvo Pérez Soto.
En Bayamón, 37 AIRBNB’s tienen Piscina, pero en el Municipio de San Juan, son más de 1,000 alojamientos, según la plataforma.
De aprobarse la medida, la Compañía de Turismo contará con un término de 180 días para adoptar la reglamentación necesaria, incluyendo los requisitos técnicos de las vallas, mecanismos de inspección, procesos de certificación y acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de la ley.
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