Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la reciente decisión del Negociado de Energía en torno al proceso de revisión tarifaria presenta deficiencias que, a su juicio, imponen una carga adicional a los abonados y generan interrogantes sobre el manejo de la participación ciudadana.

Las entidades —Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg, El Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, CAMBIO PR, el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida y Earthjustice— reconocieron que el organismo redujo el aumento originalmente propuesto por LUMA Energy y Genera PR, así como que evitó trasladar a los clientes el costo de proyectos de capital con fondos federales disponibles. Sin embargo, sostuvieron que estos elementos no corrigen otros problemas de la determinación.

“El Negociado decidió imponer un aumento tarifario en un contexto de alta carga energética, que promueve una vez más un modelo de sistema eléctrico dependiente de combustibles fósiles”, indicaron las organizaciones en declaraciones escritas.

Según plantearon, el diseño tarifario aprobado redistribuye costos mediante un aumento en el cargo fijo y una reducción en el cargo por consumo, lo que podría afectar a consumidores que han reducido su uso de electricidad como estrategia para manejar gastos.

Además, señalaron que el Negociado no evaluó de forma crítica el manejo de fondos por parte de LUMA Energy y Genera PR ni el impacto económico de la privatización del sistema eléctrico. “Los aumentos adoptados por el Negociado la semana pasada pudieron haberse evitado o reducirse aún más si se hubiera hecho un uso prudente y eficiente de los fondos públicos ya disponibles”, indicaron.

Las organizaciones también advirtieron sobre el riesgo de una “espiral de la muerte” en el sistema eléctrico, en la que aumentos tarifarios sucesivos provocan la salida de abonados, concentrando costos en menos usuarios. A su vez, cuestionaron la falta de medidas estructurales para atender este escenario.

En su planteamiento, reiteraron que las propuestas de LUMA Energy y Genera PR debieron ser rechazadas en su totalidad y señalaron preocupaciones sobre la expansión de generación basada en gas metano, así como posibles conflictos de interés relacionados con operadores del sistema.

En cuanto a la participación ciudadana, denunciaron que la decisión final del Negociado no refleja el tratamiento de comentarios públicos e informes técnicos sometidos dentro del proceso formal. Según indicaron, algunos documentos presentados no aparecen en el expediente ni en el resumen de comentarios.

Ante esta situación, las organizaciones informaron que enviaron una comunicación al Negociado solicitando aclaración sobre el manejo de estos documentos y su inclusión en el expediente administrativo.

“La solicitud de LUMA fue un intento de imponer límites indebidos al contenido y alcance de la participación ciudadana”, expresaron.

Las entidades destacaron que, aunque el Negociado reconoció la participación de 961 personas y organizaciones durante las vistas públicas, el total de participación debió ser mayor considerando el periodo completo habilitado para comentarios.