El partido Proyecto Dignidad anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 1278, una medida que busca limitar el acceso al voto adelantado y voto ausente para confinados sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más.

La propuesta fue presentada por la representante por acumulación Lisie J. Burgos Muñiz y aplicaría a personas convictas por delitos graves contra la persona, la propiedad, delitos sexuales y delitos económicos u ofensas contra el orden público, tanto en instituciones penales de Puerto Rico como en cárceles estatales y federales de Estados Unidos.

Según la colectividad, la medida pretende enmendar el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para excluir a esta población correccional del privilegio del voto adelantado y ausente, mientras cumplen sus sentencias.

“La democracia debe protegerse con responsabilidad y sentido de justicia. Esta medida no pretende atacar la dignidad humana de los confinados ni limitar los esfuerzos de rehabilitación. Lo que buscamos es evitar que personas sentenciadas por delitos graves utilicen un privilegio electoral mientras cumplen condenas extensas por actos que causaron daños irreparables a otras personas y a nuestra sociedad”, expresó Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

Proyecto Dignidad sostuvo que el derecho al voto de los confinados en Puerto Rico ha sido objeto de debate público desde que en 1980 se aprobó legislación que permitió el sufragio a esta población, pese a que la Constitución de Puerto Rico contempla la suspensión de derechos civiles durante el cumplimiento de condenas.

La medida también plantea preocupaciones sobre el uso del voto de confinados como herramienta política durante ciclos electorales.

Por su parte, la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, indicó que el proyecto busca “establecer límites razonables y responsables dentro de nuestro sistema electoral”.

Mientras, el comisionado electoral de la colectividad, Juan Gabriel Zayas Monge, aseguró que la propuesta persigue fortalecer la confianza pública y la integridad del proceso electoral.

La exposición de motivos del proyecto cita el caso Richardson v. Ramirez, en el cual el Tribunal Supremo federal reconoció la facultad de estados y territorios para establecer restricciones al sufragio de personas convictas.