La Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó el informe de investigación OC-26-29 sobre el Municipio de Cataño, en el que señala múltiples irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos, contratación de servicios y manejo administrativo entre diciembre de 2020 y febrero de 2025.

El informe identifica el uso de computadoras y correos electrónicos oficiales para manejar propaganda político-partidista, listados electorales y bases de datos de la Comisión Estatal de Elecciones.

La investigación también concluyó que el municipio contrató una compañía publicitaria cuyos diseños y elementos gráficos coincidían con los utilizados en la campaña política del alcalde, además de señalar la facturación de artículos de campaña al ayuntamiento.

Entre los hallazgos, la Contralora indicó que el alcalde utilizó una guagua de sonido municipal y vestimenta de campaña durante una actividad oficial del programa Mercado Familiar en horario laborable. Además, sostuvo que programas de ayuda ciudadana fueron utilizados para publicar imágenes en redes sociales personales del ejecutivo municipal.

El informe también señala presuntas irregularidades en el área de contratación y personal. Según la investigación, el municipio pagó $12,656 en diferencial salarial a una directora interina de Planificación que no cumplía con los requisitos legales del puesto. La situación, según el documento, provocó además la contratación de un consultor externo por $32,000.

La Contralora también señaló pagos ascendentes a $75,623 por servicios legales que excedieron los montos contractuales sin enmiendas previas, además de otros $298,586 por servicios que alegadamente no estaban relacionados con el propósito original de los contratos.

Otro de los señalamientos incluidos en el informe está relacionado con el uso de equipo pesado y vehículos municipales. La investigación sostiene que maquinaria y personal del municipio fueron utilizados para remover arena de un área privada y transportarla a una residencia particular sin autorización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Además, se identificaron deficiencias en las bitácoras de vehículos municipales, incluyendo cerca de 400 cargos de AutoExpreso sin documentación de respaldo y el uso de un vehículo oficial para transportar al alcalde a una actividad política en Aguas Buenas.

Como parte de las recomendaciones, la Contralora refirió asuntos a la Departamento de Justicia de Puerto Rico para evaluar posibles acciones y recuperar $88,681 relacionados con pagos y gastos señalados en el informe. También recomendó evaluaciones por parte de la Oficina de Ética Gubernamental y el DRNA.

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Municipio de Cataño cuestiona publicación del informe

En declaraciones escritas, El municipio de Cataño, sostuvo que la publicación del informe ocurrió mientras existía un proceso judicial activo ante el Tribunal de Primera Instancia.

Según el ayuntamiento, la administración presentó un recurso de mandamus luego de que la Contralora negara acceso al borrador del informe previo a su divulgación pública. Alicea Vasallo alegó que el tribunal emitió una orden requiriendo a la Oficina de la Contralora mostrar causa sobre por qué no debía impedirse la publicación del informe mientras se atendía la controversia.

“La actuación de la OCPR representa un desafío directo al proceso judicial y a la autoridad del Tribunal”, expresó el municipio .

El municipio también alegó que había levantado cuestionamientos sobre la objetividad y conducta de uno de los auditores participantes en la investigación, indicando que la propia Oficina de la Contralora reconoció internamente la existencia de recomendaciones y acciones correctivas relacionadas con esos planteamientos.

La administración municipal sostuvo que el informe fue divulgado sin incluir la posición oficial del municipio y adelantó que continuará utilizando los remedios legales disponibles para impugnar el proceso.