La Cámara de Representantes de Puerto Rico presentó la Resolución de la Cámara 675, mediante la cual solicita a la jueza federal Laura Taylor Swain que emita una decisión final sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que no conceda más extensiones al periodo de mediación.

La medida, radicada el 21 de abril de 2026, de la autoría de la representante de Bayamón, Yashira Lebrón junto a Ángel Morey, y otros 26 representantes de distrito, plantea la necesidad de concluir el proceso judicial iniciado bajo el Título III de la Ley PROMESA en 2017, el cual se ha extendido por casi nueve años sin una resolución definitiva.

Según la exposición de motivos, la AEE acumuló una deuda aproximada de $9,000 millones en principal durante décadas, situación que ha impactado el desarrollo económico de Puerto Rico. El documento señala que el proceso ha estado marcado por mediaciones prolongadas, acuerdos no concretados y disputas entre acreedores.

“Han transcurrido casi nueve (9) años sin una resolución definitiva, en un proceso marcado por mediaciones interminables, acuerdos frustrados y disputas entre acreedores”, establece la resolución.

La medida también recoge que durante ese periodo se han registrado múltiples aplazamientos en vistas y extensiones de mediación, así como cambios en la operación del sistema eléctrico, incluyendo la entrada de LUMA Energy y Genera PR. Entre las consecuencias señaladas, se destacan los costos legales asociados al proceso, el impacto en las tarifas eléctricas, la incertidumbre económica y la falta de cierre de uno de los principales asuntos pendientes bajo PROMESA. Mediante la resolución, la Cámara solicita a la jueza Swain que tome una determinación final sobre el Plan de Ajuste de Deuda, que detenga las extensiones al proceso de mediación y que celebre la vista de confirmación a la mayor brevedad.

Asimismo, se hace un llamado a las partes involucradas, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal, acreedores y otros sectores, a actuar de buena fe para alcanzar una solución. La medida establece que se remitirán copias de la resolución a entidades federales y estatales, incluyendo la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y la gobernadora de Puerto Rico.

La resolución fue referida a la comisión de asuntos internos.

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