Un grupo de organizaciones de la sociedad civil advirtió que los aumentos en la tarifa base de energía propuestos por las empresas operadoras del sistema eléctrico podrían afectar de forma desproporcionada a los clientes de bajos y medianos ingresos, así como a quienes cuentan con sistemas solares acogidos al programa de medición neta.

Según denunciaron, el cambio tarifario podría provocar incrementos de hasta $40 mensuales en la factura eléctrica, lo que, a su juicio, incentivaría a más clientes a desconectarse del sistema energético centralizado, generando una reducción en los recaudos.

Ante este escenario, representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida solicitaron al Negociado de Energía que rechace las propuestas de aumento presentadas por LUMA Energy y Genera PR, y desestime sus solicitudes de revisión tarifaria.

“La propuesta de diseño de la tarifa de LUMA duplicaría el cargo fijo, un aumento sin precedentes que impactaría desproporcionadamente a los clientes de bajo consumo y aceleraría la desconexión de la red”, indicaron las organizaciones en comentarios públicos sometidos ante el regulador.

Durante las vistas evidenciarias del proceso de revisión tarifaria, las organizaciones señalaron que el testigo experto de LUMA reconoció que alrededor de 400,000 clientes de bajo consumo, así como quienes han instalado sistemas solares o medidas de eficiencia energética, experimentarían aumentos de entre 70% y 90% debido al incremento en el cargo fijo propuesto.

Los grupos también destacaron que el propio testigo no pudo identificar ningún caso en la última década en el que un regulador haya aprobado un aumento de esa magnitud en cargos fijos.

En sus comentarios, las organizaciones indicaron que las propuestas carecen de un análisis económico detallado y no toman en cuenta que miles de clientes ya están reduciendo su dependencia del sistema eléctrico. Señalaron que cerca de 4,000 personas instalan sistemas solares cada mes, mientras algunos clientes comerciales han optado por operar completamente con energía generada en sus propias instalaciones.

Asimismo, argumentaron que el aumento solicitado resultaría particularmente injusto para los hogares de ingresos bajos y medianos, quienes ya enfrentan dificultades para pagar el servicio eléctrico. Según los grupos, esto ampliaría las brechas económicas en el acceso a un servicio esencial.

Las organizaciones también sostuvieron que el sistema eléctrico enfrenta actualmente niveles elevados de interrupciones, lo que evidencia —según indicaron— un servicio cada vez más costoso e ineficiente.

“Un aumento tarifario significativo solo aceleraría esta tendencia y reduciría los ingresos recaudados. Ante un escenario donde los sistemas solares y de almacenamiento proveen un servicio más barato, confiable y resistente que la red centralizada actual, las propuestas de LUMA y Genera solo lograrían que más clientes abandonen el sistema”, señalaron.

Además, afirmaron que las empresas no han demostrado que los aumentos solicitados sean “justos y razonables”, como exige la ley, y advirtieron que las propuestas profundizarían la dependencia de combustibles importados, particularmente el gas natural, lo que podría resultar incompatible con la meta legal de 100% de energía renovable para 2050.

Como alternativa, los grupos propusieron la adopción de un Programa de Pago por Porcentaje de Ingresos, un modelo utilizado en otras jurisdicciones que establece un límite a la factura eléctrica basado en los ingresos del hogar. La recomendación fue presentada por el Dr. Agustín Irizarry Rivera en un informe comisionado por las organizaciones.

El pasado 6 de marzo fue la fecha límite para someter comentarios públicos ante el Negociado de Energía, organismo que actualmente evalúa las solicitudes de aumento tarifario presentadas por las dos empresas operadoras del sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica.