La Comisión de Eficiencia, Reorganización y Diligencia de la Cámara de Representantes celebró una vista pública para discutir el Proyecto de la Cámara 1080, una medida de administración que propone enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

La propuesta legislativa busca modificar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017 con el objetivo de modernizar el proceso de reglamentación gubernamental. Entre los cambios planteados se encuentra la creación del Boletín de Reglamentos y del Código de Reglamentos de Puerto Rico, además de incorporar mecanismos de participación ciudadana, análisis regulatorio y revisiones periódicas de las normas vigentes.

“El gobierno eficiente requiere evaluación constante y transparencia. Las vistas públicas nos permiten analizar los procesos, escuchar a los sectores involucrados y tomar decisiones informadas que fortalezcan los servicios que recibe nuestra gente. Ese es precisamente el propósito de esta vista: escuchar a todas las partes involucradas”, expresó el presidente de la comisión, Morey Noble.

Durante la audiencia, varios deponentes coincidieron en que Puerto Rico enfrenta la necesidad de modernizar su estructura administrativa para responder a un entorno cada vez más competitivo. Señalaron que la complejidad de los procesos, las cargas regulatorias innecesarias y ciertas estructuras gubernamentales obsoletas pueden representar obstáculos para el desarrollo económico, la inversión y la prestación eficiente de servicios públicos.

Entre los participantes se destacó la coordinadora de eficiencia gubernamental de IDEA, Verónica Ferraiuoli Hornedo, quien junto al Departamento de Justicia expresó respaldo al proyecto.

Por su parte, el profesor y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, William Vázquez Irizarry, planteó la necesidad de revisar los métodos actuales utilizados para publicar avisos regulatorios.

“Debemos evaluar la práctica de publicar únicamente en periódicos, ya que no necesariamente garantizan mayor alcance. Es importante considerar alternativas como los medios sociales, que pueden ofrecer mayor difusión y fomentar una participación ciudadana más amplia”, indicó.

En respuesta a ese planteamiento, Ferraiuoli Hornedo explicó que actualmente existen 343 reglamentos derogados y que algunas agencias han manifestado interés en revisar o modificar sus reglamentos, pero enfrentan limitaciones presupuestarias para costear los procesos de divulgación en medios.

Ante esa situación, señaló la importancia de desarrollar un portal digital que facilite la publicación de avisos regulatorios y mejore el acceso a la información pública.

Datos presentados por IDEA indican que en el gobierno de Puerto Rico existen cerca de 4,160 reglamentos y enmiendas activas. De esa cifra, alrededor del 90 % no ha sido revisado en más de cinco años, mientras que la edad promedio de los reglamentos es de 22.16 años.

La agencia explicó que la revisión de reglamentos fue uno de sus primeros esfuerzos, ya que estos documentos establecen cómo el gobierno presta servicios al público y los procesos que deben seguir los ciudadanos y las empresas para cumplir con la ley. Reglamentos desactualizados, indicaron, pueden provocar trámites innecesarios, requisitos obsoletos o retrasos injustificados en los servicios.

Durante la vista pública también depusieron representantes del Departamento de Estado y de PRITS, quienes expresaron respaldo a la medida y señalaron que su aprobación podría contribuir a mejorar la eficiencia gubernamental y la prestación de servicios a la ciudadanía.