Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil solicitó al Negociado de Energía que no apruebe el aumento tarifario propuesto por LUMA Energy, al alegar que las vistas evidenciarias del proceso han revelado fallas persistentes en la medición y facturación del consumo eléctrico, así como deficiencias en la administración de los sistemas de transmisión, distribución y generación.

Representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida indicaron que la evidencia presentada refleja el uso continuo de facturación estimada, medidores defectuosos o que no registran consumo y la dependencia de procesos manuales para corregir facturas.

“Estas deficiencias contradicen las representaciones de Luma de que sus sistemas de facturación han sido normalizados y ponen en duda la confiabilidad de sus registros financieros. Estas ineficiencias administrativas se suman a incumplimientos contractuales y faltas operacionales persistentes por lo que no sería razonable ni justo trasladar a los abonados, vía alzas tarifarias, costos asociados a fallas del consorcio”, expresó Ingrid Vila Biaggi, portavoz de CAMBIO.

Las organizaciones señalaron que el aumento tarifario propuesto, que estiman en cerca de $40 mensuales en la tarifa básica, representaría una carga adicional para los abonados en un contexto de aumentos previos en el costo de la energía.

Durante las expresiones públicas, también se planteó que incrementos en la tarifa podrían provocar la desconexión parcial o total de clientes del sistema eléctrico tradicional. Alfredo Vivoni, presidente del Frente Unido del Valle de Lajas, indicó que esta tendencia podría reducir la base de ingresos del sistema y afectar su viabilidad económica a largo plazo. “Si aprueban un aumento en la tarifa se va a reducir aún más la base de ingresos porque la gente se va a seguir desconectando”, sostuvo.

El colectivo propuso que el Negociado promueva alternativas como la descentralización del sistema y la expansión de la generación distribuida, en lugar de aprobar aumentos tarifarios. Federico Cintrón Moscoso, portavoz de El Puente, expresó que parte de los costos que se pretende trasladar a los abonados podrían ser cubiertos mediante fondos federales. “Los abonados no deben fungir como garantes financieros de esas operaciones mientras estas compañías deciden si persiguen o no fondos federales”, indicó.

Las organizaciones informaron que presentaron comentarios públicos ante el Negociado de Energía en los que plantean preocupaciones relacionadas con el desempeño operacional del sistema eléctrico, el aumento en costos y los retrasos en proyectos asociados a fondos federales. Además, indicaron que exhortan a la ciudadanía a someter comentarios antes del 6 de marzo, fecha límite establecida por el regulador.