La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo Rey “Chino” Ocasio Ramos, celebró una vista pública para examinar el Proyecto de la Cámara 942, que propone enmendar la Ley 97-2000, conocida como la Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico.

La medida, presentada por la representante Odalys González González, busca ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) la revisión y actualización de las tablas de subsidio de transportación para estudiantes y demás participantes de sus programas. El proyecto también crea un mecanismo de revisión periódica que responda a los costos reales de movilidad en Puerto Rico.

A la vista pública comparecieron funcionarios de la ARV, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), quienes reconocieron la relevancia de la medida, aunque advirtieron que podría implicar costos operacionales adicionales.

La administradora de la agencia, doctora Rosa Lugo Cabán, reconoció los cambios en los costos de transportación, pero destacó la importancia de cumplir con las disposiciones y normativas federales, ya que la ARV depende en gran medida de fondos federales para ofrecer sus servicios.

“Nuestros fondos, al ser restrictivos, únicamente pueden ser utilizados para prestar servicios a la población de solicitantes o consumidores, de acuerdo con lo que permite la ley. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ya estamos inmersos en el análisis de una posible enmienda a la política pública con el propósito de aumentar, de manera razonable, las tarifas de transportación, reconociendo la necesidad de ajustar este componente esencial para garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación, dentro de los parámetros establecidos por ley”, sostuvo Lugo Cabán, quien mencionó que esa gestión y ese análisis se contemplaron en el informe del año fiscal del 2026, de aprobarse por las agencias federales y estatales.

Desde la OGP, el director ejecutivo Orlando Rivera Berríos apoyó la medida y destacó que el proyecto promueve uniformidad y transparencia en la determinación de subsidios.

“El establecimiento de nuevas guías o tablas permitirá considerar los costos y gastos reales que enfrentan los consumidores o participantes de los programas de la ARV. Esto es cónsono con una sana administración y con la transparencia en los servicios que brinda la entidad gubernamental, además de eliminar una barrera que impide que los participantes puedan desplazarse a sus centros de estudio o adiestramiento”, expresó Rivera Berríos.

La doctora Rosa Lugo Cabán, informó que hay 39,601 participantes activos en el programa de Rehabilitación Vocacional.