Un gran jurado federal emitió el pasado 23 de octubre un pliego acusatorio de 138 cargos contra dos empleados públicos, diez individuos y catorce empresas por presuntamente conspirar para cometer fraude electrónico y soborno, con el fin de defraudar al Departamento de Hacienda por más de $3.5 millones, según informó el fiscal federal William Stephen Muldrow, junto al agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Devin Kowalski, y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja.

De acuerdo con la acusación, desde 2021 hasta abril de 2025, los empleados del Departamento de Hacienda Javier Relta Lebrón y Harry Muriel Valero presuntamente utilizaron su posición o conocimiento especializado para acceder al sistema electrónico SURI GenTax, donde habrían eliminado deudas contributivas, creado créditos falsos y sometido planillas con gastos ficticios para reducir o eliminar pagos de IVU, retenciones y contribuciones sobre ingresos.

Según el pliego, las manipulaciones en el sistema también permitieron que algunos individuos recibieran reintegros que no les correspondían. A cambio de estas acciones, los acusados recibían dinero de los beneficiados, pagado a través de intermediarios.

El esquema, de acuerdo con las autoridades federales, involucraba comunicación entre los acusados mediante mensajería de WhatsApp e iMessage, a través de una persona identificada como “Persona A”, quien coordinaba la presentación de información falsa ante Hacienda. Se alega que el grupo alteró registros contributivos, fabricó créditos contributivos fraudulentos y modificó deudas del IVU para beneficiar a al menos 24 cuentas personales y corporativas.

Asimismo, Muriel Valero habría preparado y radicado planillas contributivas con información falsa sobre gastos, lo que generó créditos contributivos inexistentes, eliminó deudas y provocó reintegros ilegítimos a favor de varios contribuyentes.

“Como resultado, todos los acusados se enriquecieron económicamente y causaron una pérdida financiera de millones de dólares al Gobierno de Puerto Rico”, indicó el fiscal federal Muldrow.

Las autoridades federales subrayaron que la investigación refleja el compromiso de los organismos de ley y orden en combatir la corrupción y proteger los fondos públicos, señalando que el esquema representó un grave abuso de confianza y un golpe al sistema contributivo del país.

La pesquisa continúa en curso bajo la dirección de la Fiscalía Federal y el FBI, en coordinación con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.