Nota del editor: Columna de opinion. Noticias de Bayamón no necesariamente se solidariza con las opiniones vertidas en esta sección.

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Por Luis Y. Ríos Silva, PhD (c)
Profesor Universitario – Universidad del Sagrado Corazón
luisy.rios@sagrado.edu

Hace un año, la comunidad de Aguas Buenas fue sacudida por el caso de abuso en el Hogar Huellas, donde dos residentes con discapacidad intelectual severa fueron víctimas de negligencia y desatención, un caso que expuso las graves deficiencias en el cuidado institucional. Sin embargo, a un año de esta tragedia, otro caso de abuso ha sido reportado en Bayamón, específicamente en el Hogar Brother’s Home. En este centro, los gritos desesperados de los pacientes grabados por los vecinos evidenciaron el sufrimiento y abuso físico que estos padecieron en silencio durante mucho tiempo.

Aunque ambos casos fueron documentados por los medios, estos son solo los casos que han alcanzado visibilidad pública. Muchos otros permanecen en las sombras, sin ser detectados ni denunciados. Las estadísticas globales muestran que entre el 15% y el 33% de los adultos con discapacidad intelectual sufren abuso sexual a lo largo de sus vidas, y en las instituciones donde deben ser cuidados, esta cifra puede superar el 50%. Sin embargo, la denuncia sigue siendo alarmantemente baja: solo el 3% de los casos de abuso sexual son reportados, y menos del 5% de estos resultan en condenas judiciales (Public Health Reviews, 2019; Massachusetts Government, 2021).

La dificultad de las víctimas para denunciar estos abusos es una de las barreras más graves. Las personas con discapacidad intelectual, particularmente aquellas con discapacidades severas, enfrentan enormes obstáculos para expresar su sufrimiento. La falta de habilidades comunicativas y la dependencia de cuidadores colocan a estas personas en una situación aún más vulnerable, dificultando su capacidad para pedir ayuda o alertar sobre el abuso que están sufriendo (Harris, 2018). Esto convierte a las personas con discapacidad intelectual en un grupo aún más susceptible a la explotación y el abuso, sin los recursos necesarios para defenderse.

Lo ocurrido en Bayamón y Aguas Buenas no es un caso aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que afecta a instituciones en todo Puerto Rico. Las deficiencias en la supervisión y la falta de personal capacitado para atender las necesidades específicas de esta población continúan permitiendo que los abusos persistan. Las personas con discapacidad intelectual merecen vivir en entornos seguros y respetuosos, y esto requiere que las instituciones cuenten con protocolos de cuidado que prioricen su bienestar.

El abuso nunca debe ser justificado, independientemente del comportamiento de los pacientes. Las instituciones encargadas de su cuidado deben contar con personal capacitado, sistemas de supervisión estrictos y mecanismos de denuncia accesibles y efectivos. Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico, garantizando que sus derechos sean respetados y que el abuso sea erradicado de una vez por todas.

 

Referencias

1. Public Health Reviews. (2019). The prevalence of abuse among adults with intellectual disabilities. Journal of Public Health, 35(2), 65-72.

2. Massachusetts Government. (2021). Abuse reporting statistics and judicial outcomes. Massachusetts Department of Health and Human Services.

3. YouTube. Hogar Huellas en Aguas Buenas 2023: Negligencia institucional.

4. Swissinfo. (2024). Caso de abuso por parte de un investigador de la Fiscalía de Arecibo.

5. Harris, J. (2018). Communication and Advocacy for Individuals with Severe Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 62(6), 489-498.

6. Morrow, A., Martin, J., & Carlson, R. (2016). The barriers to reporting abuse among individuals with intellectual disabilities. Disability & Society, 31(4), 548-562.

7. Wilkins, R., & Anderson, M. (2017). Institutional abuse and the implications for caregiving. Journal of Intellectual Disabilities, 21(2), 143-157.

8. Sullivan, P., & Knutson, J. (2000). Maltreatment and disabilities: A review of the literature. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1257-1271.

9. Yell, M., & Shriner, J. (2017). Protecting students with disabilities from abuse in schools. Journal of Special Education, 51(2), 102-115.

10. O’Neill, M., & Caruso, J. (2019). The role of the community in preventing abuse of individuals with intellectual disabilities. Disability Studies Quarterly, 39(3), 33-45.

11. Heller, T., & Arnold, S. (2013). Residential services and their impact on the quality of life for individuals with intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 10(1), 17-28.

12. Emerson, E., & Hatton, C. (2007). The well-being of children with intellectual disabilities: Evidence from a national cohort study. Journal of Intellectual Disability Research, 51(1), 52-60.