La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico informó que los proyectos legislativos que proponen una reducción permanente en las contribuciones sobre ingresos personales no cumplen con el Plan Fiscal certificado ni con los requisitos establecidos por la Ley PROMESA.

La evaluación responde a cartas enviadas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez, en las que solicitaron la posición del ente fiscal sobre la medida administrativa impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón. La propuesta fue radicada el 12 de enero de 2026 como el Proyecto del Senado 912 y el Proyecto de la Cámara 1014.

Según la Junta, los proyectos buscan reducir la carga contributiva de los individuos mediante la expansión de los tramos contributivos, el aumento del umbral para la tasa máxima a $150,000, el aumento de la exención por dependiente de $2,500 a $5,000, el ajuste anual por inflación de los tramos y exenciones, y la eliminación del recargo contributivo de 5% para ingresos netos mayores de $500,000.

La Junta estimó que estas disposiciones tendrían un impacto fiscal negativo acumulado de $3,293 millones durante un periodo de cinco años fiscales. Para el año fiscal 2026, el costo proyectado asciende a $563 millones.

Como medidas compensatorias, los proyectos contemplan la eliminación del descuento contributivo de 5% u 8% para individuos y la derogación de exenciones al Impuesto sobre Ventas y Uso aplicables a equipos de energía solar, vehículos de combustible alterno y materiales promocionales importados para convenciones y eventos. Estas medidas generarían ingresos estimados en $193 millones anuales.

Con base en estas cifras, la Junta indicó que el efecto neto para el año fiscal 2026 sería una reducción de recaudos de aproximadamente $370 millones.

El organismo fiscal también señaló que las proyecciones de recaudos del Fondo General reflejan una disminución estimada para el año fiscal 2026, con ingresos proyectados de $13,642 millones, lo que representa una reducción de 3.02% en comparación con el año fiscal anterior.

Además, la Junta destacó que otras medidas contributivas aprobadas o en consideración legislativa —incluyendo las Leyes 66-2025, 76-2025, 78-2025, 177-2025, 178-2025, 179-2025 y el Proyecto de la Cámara 501— tendrían un impacto fiscal agregado estimado en $340 millones entre los años fiscales 2026 y 2028.

En su conclusión, la Junta determinó que los proyectos, según redactados, generan una deficiencia recurrente de ingresos sin identificar mecanismos permanentes equivalentes para compensar la pérdida, lo que los hace inconsistentes con el Plan Fiscal y el presupuesto vigente. También indicó que las medidas contravienen la Sección 204(c) de PROMESA, al crear una deficiencia presupuestaria que requeriría una reprogramación no certificada.

La Junta informó que no puede apoyar la aprobación de los proyectos en su forma actual, aunque señaló que cualquier alivio contributivo deberá evaluarse dentro del proceso presupuestario y conforme a la disponibilidad de recursos fiscales.