El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 792, de la autoría de la senadora por el Distrito Mayagüez–Aguadilla, Karen Román Rodríguez, que crea la Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico, para atender las necesidades de esta población.

La aprobación de esta legislación establece, por primera vez, un registro oficial que permitirá recopilar información estadística sobre la población sorda en Puerto Rico, con el propósito de mejorar la planificación gubernamental, la toma de decisiones y la provisión adecuada de servicios esenciales.

“Esta medida responde a una necesidad real. Sin información precisa no se puede desarrollar política pública efectiva. Hoy el Senado actúa con responsabilidad para garantizar que la comunidad sorda sea atendida con datos, planificación y acciones concretas”, expresó la senadora Karen Román Rodríguez tras la aprobación del proyecto.

El registro será administrado por el Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda (OECS), utilizando los recursos humanos, tecnológicos y administrativos existentes, sin que ello conlleve la creación de nuevas plazas ni represente una carga fiscal adicional para el Gobierno de Puerto Rico.

Entre los objetivos principales de la ley se encuentran:

• Recopilar estadísticas confiables sobre la población sorda en Puerto Rico.

• Facilitar la planificación y el diseño de programas y servicios gubernamentales dirigidos a esta comunidad.

• Identificar necesidades relacionadas con intérpretes de lenguaje de señas y sistemas de comunicación accesible.

• Fortalecer la respuesta gubernamental en situaciones de emergencia y desastres naturales.

• Garantizar la aplicación efectiva de las leyes estatales y federales relacionadas con la accesibilidad y los derechos de las personas sordas.

La legislación también establece estrictas disposiciones de confidencialidad, asegurando que la información recopilada será protegida y utilizada exclusivamente para los fines autorizados por ley.