Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña urgió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a denegar el aumento en la tarifa básica que solicitó Luma Energy ya que impondría una carga pesada a los residentes, negocios e instituciones en el país.

El Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida argumentaron que no se debe penalizar a los abonados por la incapacidad de Luma de cumplir los objetivos de mejorar el servicio,reducir costos operacionales y modernizar la red con fondos federales.

“El Negociado debe evaluar si el proceso de privatización ha cumplido el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir los costos de la tarifa, particularmente ante las reiteradas deficiencias en la coordinación entre Luma, Genera y la AEE”, declararon en comentarios públicos emitidos el 18 de diciembre ante el Negociado.“…Surge del récord de las vistas evidenciarias, particularmente de empleados de Luma, que a pesar de la disponibilidad de fondos federales para modernizar la red eléctrica y cubrir proyectos que Luma propone sufragar con dinero de los abonados, la empresa ha demostrado una falta sistemática de planificación y manejo de la gestión de dichos fondos”, aseveraron las organizaciones.

Las organizaciones afirmaron que el Negociado debe rechazar una propuesta de Luma para eliminar la supervisión del ente rector sobre enmiendas presupuestarias y reasignaciones superiores al cinco por ciento de cualquier partida lo que le habría permitido que Luma mueva fondos y altere los presupuestos aprobados. Dijeron que tanto Luma como Genera han mostrado patrones de ineficiencia y sobrecostos, por lo que la falta de control facilitaría desvíos de fondos y justificación de aumentos tarifarios

Plantearon que el Negociado no debe retroceder en el cierre de las Unidades 7-10 de la Central Termoeléctrica de San Juan—proyecto previamente rechazado también por el Departamento federal de Energía —porque reactivarlas implicaría una obra altamente onerosa estimada en $125 millones. Mencionaron además que la estructura administrativa de Genera crea un conflicto de interés al beneficiarse directamente de la compra de gas metano “mientras se obstaculiza y retrasa la transición hacia energía renovable”.

 

“De no atender estas preocupaciones, los abonados seguirán asumiendo cargas financieras u operaciones de una red eléctrica obsoleta. Las organizaciones indican que, a través de este caso el NEPR, debe asegurarse que los abonados tengan acceso a energía confiable, asequible y resiliente.”

Reiteraron que un estudio de Queremos Sol de Cambio y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) confirmó que es posible maximizar el uso de techos para conseguir 75% de energía mediante generación distribuida (placas solares en techos en conjunto con baterías) sin la dependencia de combustibles fósiles que elevan las facturas y contradicen el mandato de Política Pública.

Las organizaciones cuentan con el apoyo legal de la organización Earthjustice, la licenciada Ruth Santiago y Pedro Saadé Llorens.