
La comunidad de psicólogos y psicólogas contratados bajo el plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, Plan Vital, denunció públicamente la falta de acción a más de un año de emitirse una carta circular de la Administración de Seguros de Salud (ASES) que ordena aumentos tarifarios y pagos retroactivos a los proveedores de estos servicios.
De acuerdo con los profesionales, entidades como Triple-S Salud, APS Healthcare, ASES y la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes no han atendido ni aclarado los procesos necesarios para cumplir con la carta circular 24-0513-A, según enmendada, a pesar de múltiples gestiones formales, incluyendo una carta colectiva firmada por más de 100 psicólogos y psicólogas.
Los profesionales indicaron que, por más de un año y medio, han solicitado información clara sobre cuál entidad es responsable de procesar los ajustes de tarifas, el mecanismo para reclamar pagos incorrectos y la fecha en que se efectuarán los pagos retroactivos ordenados. Sin embargo, señalaron que las aseguradoras han intercambiado responsabilidades entre sí, mientras que ASES no ha emitido una comunicación oficial sobre el cumplimiento de la directriz.

Según la denuncia, esta situación tiene un impacto directo en la prestación de servicios de salud mental, particularmente para las poblaciones que dependen del Plan Vital. Los psicólogos y psicólogas indicaron que continúan ofreciendo servicios con tarifas que no reflejan los ajustes ordenados, asumiendo pérdidas económicas para mantener la continuidad del tratamiento de sus pacientes y buscando fuentes alternas de ingreso para sostener sus prácticas profesionales.
En el comunicado, se advirtió que esta situación afecta la disponibilidad, estabilidad y calidad de los servicios psicológicos, en un contexto en el que Puerto Rico enfrenta una crisis de salud mental reconocida públicamente por el propio Gobierno.

Ante este escenario, la Alianza Puertorriqueña de Psicología exigió a las entidades involucradas que aclaren de manera oficial cuál es la responsable de velar por el cumplimiento de los ajustes tarifarios, que se corrijan las tarifas conforme a la carta circular vigente y que se emitan los pagos retroactivos adeudados sin más dilaciones.
Los profesionales subrayaron que la falta de acción administrativa no es un asunto meramente técnico, sino una situación que repercute directamente en la capacidad del sistema de salud mental para atender a la población. Reiteraron que, si el Gobierno reconoce la importancia de la salud mental, debe actuar con urgencia y garantizar que las directrices emitidas por sus propias agencias se cumplan de manera efectiva.
Puede leer la carta circular aquí
