La senadora del Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Karen Román Rodríguez, presentó tres proyectos destinados a modernizar y hacer más eficientes los procesos de auditoría e investigación que realiza la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Las medidas —P. del S. 807, 808 y 809— buscan otorgarle a la Oficina del Contralor mayor discreción en la planificación de sus auditorías, ajustando la frecuencia de estas a un término máximo de tres años basado en criterios estratégicos internos. Según explicó la legisladora, las enmiendas no alteran la Ley del Contralor, sino disposiciones específicas en estatutos que actualmente obligan a realizar auditorías anuales en determinadas agencias. Román Rodríguez sostuvo que esta práctica no es sostenible debido a las limitaciones de personal en la Oficina del Contralor.

“No podemos seguir imponiendo por ley auditorías anuales cuando la Oficina del Contralor carece del personal suficiente para cumplirlas con eficacia. Esta reforma permitirá una planificación más estratégica, sin que se afecte la transparencia ni la rendición de cuentas”, afirmó.

El P. del S. 807 propone enmendar el inciso (E) del Artículo 39 de la Ley 139-2008 para permitir que la Oficina del Contralor determine la frecuencia de las auditorías a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, dentro de un término máximo de tres años.

El P. del S. 808 modifica el inciso (b) del Artículo 2.1 de la Ley 1-2012 para extender de dos a tres años el periodo requerido para auditar la Oficina de Ética Gubernamental.

Finalmente, el P. del S. 809 enmienda el Artículo 3 de la Ley 209-2003 para disponer que las auditorías del Instituto de Estadísticas se realicen al menos una vez cada tres años.

La senadora expresó que la propuesta no busca disminuir la fiscalización, sino ajustarla a estándares realistas de capacidad institucional.

“La buena fiscalización no depende de la cantidad de auditorías, sino de su calidad y pertinencia. Estas medidas garantizan que los recursos del Contralor se utilicen de manera efectiva”, señaló.

Las medidas también toman como referencia recomendaciones del Informe de Auditoría CP-21-07 del Contralor, en el cual se sugiere flexibilizar la frecuencia de auditorías impuestas por ley para optimizar la planificación estratégica y la efectividad en la detección de irregularidades.