La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo Rey “Chino” Ocasio Ramos, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 521, presentado por la senadora Karen Román Rodríguez, que propone enmendar la Ley 238-2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.

La medida busca garantizar que las personas con diversidad funcional puedan solicitar órdenes de protección en casos de maltrato, negligencia, explotación o abuso, al igual que las víctimas amparadas bajo otras leyes protectoras. El proyecto dispone un proceso judicial ágil y accesible, permitiendo que personas con limitaciones cognitivas, sensoriales, físicas o de otra naturaleza —o sus representantes— acudan al Tribunal de Primera Instancia para solicitar protección inmediata ante actos de violencia física o psicológica, coacción, intimidación, abuso sexual o explotación financiera.

También tipifica nuevos delitos, fija penalidades de hasta cinco años de reclusión por violaciones a las órdenes de protección y dispone la creación de formularios simplificados, la notificación inmediata a la Policía de Puerto Rico y la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y funcionarios públicos sobre los derechos y atención adecuada a las personas con diversidad funcional.

“Esta medida reconoce que las personas con impedimentos tienen derecho no solo a la igualdad ante la ley, sino también a la protección efectiva del Estado cuando su dignidad o seguridad se ven amenazadas. Con este paso, enfatizamos en ese deber de crear mecanismos que funcionen y sean accesibles, para que nadie se sienta desamparado frente a situaciones de maltrato o abuso”, expresó Ocasio Ramos.

Durante la vista, el Departamento de Justicia recomendó incluir un mecanismo interagencial de atención y protección continua para personas con impedimentos cuyo cuidador principal sea objeto de una orden de protección.

“Recomendamos que se evalúe la inclusión en la medida de un mecanismo interagencial similar que garantice la atención y protección continua de las personas con impedimentos o diversidad funcional en los casos en que su cuidador principal sea separado de su entorno por motivo de una orden de protección”, indicó Annette Esteves Serrano, subsecretaria de Justicia.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), representada por la licenciada Danira Muñiz Flores, coincidió y apoyó la observación del Departamento de Justicia.

“En muchos casos puede surgir que la persona peticionaria no tenga otros recursos de cuidado, pues puede ser el mismo cuidador para el cual se esté solicitando la orden de protección”, señaló Muñiz Flores.

La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), a través del licenciado José Montalvo, también reconoció la relevancia de la iniciativa.

“Nuestra misión consiste en implementar las directrices de la Ley 238. Los intereses de las personas con impedimentos quedan debidamente servidos en cuanto al lenguaje que implementa las órdenes de protección, como expuesto en el presente Proyecto. No obstante, nuestra agencia no interviene en procesos que involucren delito, pues nuestra labor se centra en la fiscalización de servicios públicos y privados hacia esta población”, explicó Montalvo.

En septiembre, en Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 521, de la autoría de la Senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla, Karen Román Rodríguez. Esta medida enmienda la Ley 238-2004, mejor conocida como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, con el fin de ampliar y fortalecer las protecciones legales a esta población.