La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón, señalando incumplimientos significativos en la aplicación de controles internos, aunque no de carácter generalizado.

La auditoría, realizada para el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022, evidenció que, en una muestra de comprobantes examinados, ninguno contaba con las firmas de aprobación requeridas del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra relacionadas con servicios de mantenimiento de áreas verdes carecían de la firma del director de finanzas; mientras que el 17% de los comprobantes de desembolso destinados al pago de contribuciones retenidas no mostraban la firma del pagador oficial ni la del director de finanzas.

Además, el 80% de los comprobantes de desembolso no estaban marcados como “pagados” y en el 30% de estos documentos faltaba la fecha en que se prestaron los servicios. Durante el período auditado, el Municipio emitió un total de 252,688 comprobantes de desembolso, lo que representa un monto global de $717.4 millones.

Otra falla relevante se relaciona con la omisión en el envío de documentos. Al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales no habían remitido al secretario de Justicia la documentación sobre 58 demandas judiciales presentadas contra el Municipio. Según la Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, es obligatorio notificar al secretario de Justicia cualquier reclamación civil cuyo monto supere los $5,000, por lo que se recomienda evaluar esta situación y considerar la preparación del reglamento necesario para la creación del Registro de Demandas Civiles.

Asimismo, la auditoría reveló que la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluó ni los informes de auditoría de la OCPR (M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020 y M-22-13 de 2021), ni los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados correspondientes a los años fiscales 2018 a 2020. Esto dificulta la fiscalización continua y efectiva de las finanzas y operaciones del Municipio.

En materia de manejo de la propiedad municipal, se constató que, en contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de los bienes muebles desde 2018 hasta 2021. Además, se detectaron seis casos de hurtos de propiedad, cuyo valor en los libros fue de $37,910, y la notificación de estos incidentes a la OCPR se realizó con retrasos de hasta dos años y medio, cuando la ley exige un plazo máximo de 10 días laborales.

El informe también destaca que, al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por un total de $2.7 millones estaban pendientes de resolución en los tribunales, junto con dos casos presentados por empleados ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y el Equal Employment Opportunity Commission.

A pesar de estos hallazgos, el presupuesto del Municipio de Bayamón presentó un incremento sostenido: $116.6 millones en 2019, $118 millones en 2020, $121.7 millones en 2021 y llegó a $127.4 millones en 2022. Los estados financieros correspondientes a los años fiscales de 2019 a 2022 reflejaron superávits acumulados de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones, respectivamente. La auditoría recomienda que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegure el cumplimiento del Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR para subsanar estas deficiencias.

Medidas correctivas:
Algunas de las medidas correctivas que realizó el municipio de Bayamón según el informe son las siguientes:

• Se revisó y actualizó el Reglamento de Vehículos Oficiales, sometiéndolo a la División Legal y a la Legislatura para su aprobación.

• El Municipio efectuó 30 inventarios físicos en dependencias durante 2021‑22 y 15 en el año en curso, con plan de reestructuración para incorporar tecnología.

• El Director de Finanzas envió memorandos y creó un formulario uniforme interno para notificar pérdidas, y designó un asistente administrativo de apoyo al Oficial de Enlace.
  
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