El Juez Superior Alfonso Martínez Piovanetti emitió el miércoles una sentencia determinante a favor del representante por acumulación José Bernardo Márquez en el caso que involucra el acceso a información sobre el manejo del presupuesto del Departamento de Educación.

Según el fallo, el Departamento incumplió con el deber legal de presentar informes anuales sobre el presupuesto destinado a servicios directos. Esta omisión afectó la capacidad del Representante por acumulación & portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana para llevar a cabo su labor legislativa de fiscalizar la administración del presupuesto educativo.

El tribunal ordenó al Departamento que cumpla con el envío de informes anuales que detallen el porcentaje del presupuesto asignado a servicios directos, Además, se estableció que no menos del 70% del presupuesto departamental debe dirigirse efectivamente a servicios directos para los estudiantes, una medida que busca garantizar una distribución óptima de los fondos en el ámbito educativo.

«Por todo lo anterior, se dicta la presente Sentencia mediante la cual se declara y aclara que a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 85-2018, supra, el informe anual que el(la) Secretario(a) de Educación debe rendir prospectivamente a la Asamblea Legislativa a través de la solicitud presupuestaria para cada año fiscal debe consignar especificamente el porcentaje de los fondos del presupuesto departamental que se dirigen especificamente para los servicios directosa los estudiantes.” Dicta la sentencia.

El candidato a representante por Bayamón había sostenido una demanda de Mandamus contra el Departamento de Educación por incumplimiento con disposiciones de la Ley 85 de 2018, conocida como la Reforma Educativa.

Específicamente, Márquez reclamaba que, desde la entrada en vigor de la ley, el Departamento incumple con el mandato de que al menos 70% del presupuesto departamental llegue al salón de clases y no se quede en esferas burocráticas o administrativas. Producto de la demanda, el Departamento elaboró y remitió al Representante unos informes que aluden a que el 70% del Programa “Schoolwide” están destinados a servicios directos.

En su reacción al Tribunal, Márquez sostuvo que esos informes no cumplen con el mandato de ley porque solo rinden cuenta de un programa, y no del presupuesto total del Departamento.